La HOAC y la JOC ante la Huelga General del 29 de marzo

     Las organizaciones sindicales han convocado una huelga general el próximo 29 de marzo para pedir al Gobierno de España la retirada de la recientemente aprobada reforma laboral que ha sido adoptada sin acuerdo con los sindicatos,  y contra los recortes en derechos sociales.

     La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana  (JOC) queremos, desde nuestro ser Iglesia y nuestra misión evangelizadora en el mundo obrero y del trabajo, ofrecer una reflexión ante este hecho. Creemos que, aun siendo legítimo el Gobierno y la representación parlamentaria actual surgida de las urnas y, por tanto, las decisiones que en dicho parlamento se acuerden, la sociedad civil puede manifestar y orientar, desde su opinión y acción pacífica, las medidas que el poder legislativo y ejecutivo lleven a cabo. Especialmente cuando muchas de ellas no han sido fruto de la negociación y el consenso entre los distintos agentes sociales, en un momento en el que la realidad socioeconómica y las cifras de desempleo demandan políticas y reformas estructurales.

     En este sentido, la HOAC y la JOC  hicimos pública el pasado 16 de febrero nuestra valoración de la reforma laboral. Nos parece injusta y rechazable, porque constituye un duro golpe al derecho laboral y a los derechos de las personas y familias trabajadoras. Los recortes en derechos laborales y sociales que se están imponiendo son injustos y completamente injustificados. Estas decisiones afectan al conjunto de la sociedad pero, de manera más lesiva, a los sectores más débiles y empobrecidos del mundo del trabajo.

     Consideramos que esta reforma, como otras anteriores, parte de un mal planteamiento: pretende someter los derechos de los trabajadores y trabajadoras a las exigencias de la economía, cuando lo justo y lo humano es lo contrario, ordenar el funcionamiento de la economía desde los derechos de las personas trabajadoras (cf. Juan Pablo II, “Laborem Exercens”, 17; Concilio Vaticano II, “Gaudium et spes”, 67). En otras palabras, como nos recuerda el catecismo de la Iglesia (2425): “La regulación de la economía únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque «existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado» (CA 34). Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común.”

     Como siempre que se produce una convocatoria de huelga, recordamos que “La doctrina social reconoce la legitimidad de la huelga «cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario para obtener un beneficio proporcionado », después de haber constatado la ineficacia de todas las demás modalidades para superar los conflictos. La huelga, una de las conquistas más costosas del movimiento sindical, se puede definir como el rechazo colectivo y concertado, por parte de los trabajadores, a seguir desarrollando sus actividades, con el fin de obtener, por medio de la presión así realizada sobre los patronos, sobre el Estado y sobre la opinión pública, mejoras en sus condiciones de trabajo y en su situación social. También la huelga, aun cuando aparezca « como una especie de ultimátum », debe ser siempre un método pacífico de reivindicación y de lucha por los propios derechos; resulta « moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común »” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 304). 

     Entendemos que la convocatoria de la huelga general está justificada en defensa de los derechos de las personas y familias trabajadoras, y es expresión de las legítimas funciones sociales que corresponden a los sindicatos.

Más allá de la diversidad de opiniones que pueda existir sobre la convocatoria de esta huelga general, nos preocupa la manera en que algunos sectores sociales y políticos pretenden deslegitimar la acción de los sindicatos. En este sentido queremos manifestar lo siguiente:

1º.- El objetivo que plantean los sindicatos con la convocatoria de la Huelga General es legítimo, y, además, está expresamente reconocido por la Constitución Española como un derecho fundamental de la ciudadanía (art. 28).

2º.- Dicho objetivo es también justo: siempre es justo reclamar diálogo social, negociación y búsqueda de acuerdos para cualquier decisión política, mucho más si afecta a derechos fundamentales de las personas, como ocurre con la reforma laboral.

3º.- El recurso a la huelga, que debe ejercerse con prudencia, responsabilidad y de forma pacífica, forma parte de la normalidad de un sistema democrático. Esto supone, por parte de los sindicatos y de los trabajadores desarrollar comportamientos pacíficos, así como por parte de los empresarios, no coaccionando éstos a sus trabajadores por participar en la huelga ni tomando represalias, en ningún momento, contra ellos.  Es preciso, también, una actitud no violenta de los medios de comunicación social ateniéndose a criterios de objetividad, justicia y verdad; la manipulación informativa  es una agresión violenta que hemos de rechazar.

4º.- Consideramos que los sindicatos necesitan mejorar su funcionamiento y acción, especialmente en la organización y defensa de los sectores más empobrecidos y vulnerables. Pero también reconocemos que desempeñan de hecho un papel fundamental en la defensa de la dignidad de las personas, con lo que realizan una función social esencial (tal como reconoce el art. 7 de la Constitución Española). Como parte de la Iglesia en el mundo obrero y del trabajo queremos recordar, además, que la Doctrina Social de la Iglesia considera a los sindicatos un bien social: “son un elemento indispensable de la vida social (…) son un exponente de la lucha por la justicia social, por los justos derechos de los hombres del trabajo (…) un factor constructivo de orden social y de solidaridad” (“Laborem exercens”, 20). Por eso, “las organizaciones sindicales tienen el deber de influir en el poder público, en orden a sensibilizarlo debidamente sobre los problemas laborales y a comprometerlo a favorecer la realización de los derechos de los trabajadores” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 307). Desde esta perspectiva, Benedicto XVI ha insistido recientemente en que en la actual situación, cuando se están poniendo en peligro derechos fundamentales de las personas y la solidaridad social, los sindicatos son más necesarios que nunca (cf. “Caritas in veritate”, 25).