Parece que vivamos en el país de los eufemismos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define «eufemismo» como un «modo de decir para expresar son suavidad o decoro ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante». La verdad es que se podría decir más claro: es no llamar a las cosas por su nombre, a veces con la intención de ocultar la realidad. Eufemismos como «ajustes», «austeridad», «racionalización»…, que utilizan algunos responsables políticos para explicar sus decisiones son, más que otra cosa, un intento de ocultar la realidad.
La política que comenzó a practicar el gobierno del PSOE y ha llevado al extremo el gobierno del PP, caracterizada sobre todo por poner el acento en el recorte drástico del gasto público, es, desde un punto de vista «técnico», más que discutible. A la vista están sus resultados económicos: los recortes no tienen fin porque la situación no mejora con esa política sino todo lo contrario. De hecho, desde un punto de vista «técnico» esas políticas son criticadas por economistas que opinan que es necesario tomar otras decisiones bien distintas, porque las que se están tomando solo deterioran cada vez más la economía e incrementan las desigualdades sociales. La tan repetida afirmación del Gobierno de que no es posible hacer otra cosa también es discutida desde este punto de vista «técnico».
Pero aquí no queremos fijarnos tanto en esa discusión «técnica» cuanto en el punto de vista ético. Demasiadas veces se ocultan bajo supuestas cuestiones «técnicas» opiniones ideológicas que responden a una determinada orientación ética que no se quiere someter a discusión. Es cierto que los condicionamientos técnicos son importantes y deben ser considerados atentamente. Pero eso no puede llevar a negar, como se hace, que toda decisión política y económica es también una decisión ética, porque la toman personas. Que se pueda hacer una u otra cosa depende también, y mucho, de qué se quiere lograr y cómo se quiere lograr. Y en este terreno hay dos cosas que no se pueden olvidar: el fin no justifica los medios y, sobre todo, las personas nunca pueden ser utilizadas como si fueran instrumentos o cosas. Desde un punto de vista ético, por más necesario que sea matizar, conviene huir de los eufemismos para no autoengañarnos o justificarlo todo, cayendo en la inmoralidad más absoluta. Es necesario hablar con expresión «recta y franca», aunque suene dura, porque más dura es la realidad que sufren los más débiles y empobrecidos de nuestra sociedad.
Por esa situación consideramos que hay que afirmar sin eufemismos que muchas de las decisiones que se están tomando son injustas e inmorales. Lo son porque atacan derechos fundamentales de las personas y, especialmente, porque empeoran la situación de los más débiles y empobrecidos, a los que se deja en una mayor indefensión e incluso indigencia. Entre otras, además de la reforma laboral, hay dos decisiones que nos parecen particularmente injustas e inmorales: las referidas a las prestaciones por desempleo y a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular.
Reducir las prestaciones y su tiempo de percepción a los desempleados es una injusticia y una inmoralidad. Y no tiene justificación posible. La protección por desempleo no es ningún privilegio, es un derecho fundamental de las personas. Es profundamente ofensivo afirmar, como se ha hecho, que así los desempleados pondrán más empeño en buscar trabajo. ¡Cómo si ellos fueran los culpables de su situación! Privar de tarjeta sanitaria, o pretender que paguen la asistencia, a los inmigrantes en situación administrativa irregular es una injusticia y una inmoralidad cometida contra personas frecuentemente muy débiles y empobrecidas. La atención sanitaria universal y gratuita no es ningún privilegio, es una derecho fundamental de toda persona. Argumentar, como se ha hecho, que es una medida para atajar el «turismo sanitario» es una indecencia que muestra o mucha torpeza o muy mala intención (lanzar el mensaje de que los inmigrantes más empobrecidos son un problema). Si se quiere combatir el «turismo sanitario», tómense las medidas adecuadas para ello que no son, desde luego, dejar sin tarjeta a inmigrantes irregulares que de «turistas» no tienen nada.
Reducir las prestaciones y su tiempo de percepción a los desempleados es una injusticia y una inmoralidad. Y no tiene justificación posible. La protección por desempleo no es ningún privilegio, es un derecho fundamental de las personas. Es profundamente ofensivo afirmar, como se ha hecho, que así los desempleados pondrán más empeño en buscar trabajo. ¡Cómo si ellos fueran los culpables de su situación! Privar de tarjeta sanitaria, o pretender que paguen la asistencia, a los inmigrantes en situación administrativa irregular es una injusticia y una inmoralidad cometida contra personas frecuentemente muy débiles y empobrecidas. La atención sanitaria universal y gratuita no es ningún privilegio, es una derecho fundamental de toda persona. Argumentar, como se ha hecho, que es una medida para atajar el «turismo sanitario» es una indecencia que muestra o mucha torpeza o muy mala intención (lanzar el mensaje de que los inmigrantes más empobrecidos son un problema). Si se quiere combatir el «turismo sanitario», tómense las medidas adecuadas para ello que no son, desde luego, dejar sin tarjeta a inmigrantes irregulares que de «turistas» no tienen nada.
Y algo debería estar muy claro: las decisiones injustas e inmorales solo cabe criticarlas, combatirlas y exigir que se modifiquen.
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