Cáritas. 1 de julio de 2013.- Más de 200 representantes de
todas las Cáritas Diocesanas del país se han dado cita durante el pasado fin de
semana en la localidad madrileña de El Escorial en el marco de la 70ª Asamblea
General de Cáritas Española. En esta edición, el grueso del trabajo de la
Asamblea ha estado dedicado a debatir el III Plan Estratégico confederal
2014-2017.
La agenda de trabajo de la Asamblea --cuya ponencia marco corrió
a cargo del jesuita Elías Royón,
presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), entidad confederada
a Cáritas--, incluyó, además, la presentación del informe anual del secretario
general, Sebastián Mora, y la
aprobación de cuentas y resultados del ejercicio 2012 y del Presupuesto para
2014.
Esta Asamblea ha vivido, además, un momento
histórico con la aprobación por aclamación de todos los participantes de la
incorporación como miembros de pleno derecho de la Confederación Cáritas Española
de las Cáritas Diocesanas de Terrassa y de Sant Feliú de Llobregat, y de la
Cáritas Castrense.
Al término de las sesiones, los miembros de la Asamblea han
aprobado el texto de la Declaración Final que se reproduce íntegramente a
continuación.
LXX
ASAMBLEA GENERAL
El
Escorial, 28-30 de junio de 2013
DECLARACIÓN FINAL
Los representantes de las 70 Cáritas
Diocesanas de la Confederación Cáritas Española, reunidos en la 70ª Asamblea
General celebrada en El Escorial del 28 al 30 de junio de 2013, manifestamos
públicamente nuestra profunda preocupación y rechazo ante las dramáticas
situaciones que estamos viviendo en la sociedad española y que afectan a
millones de personas.
Cáritas está acompañando a diario
situaciones desesperadas y desesperanzadoras, cada una de las cuales tienen
detrás vida, rostro y nombre concretos: miles de caras y miles de vidas de
quienes son víctimas de modelo injusto que, bajo el argumento de la
racionalización del gasto y la sostenibilidad económica, es incapaz de
anteponer el bien común al beneficio individual.
Creemos que la pobreza es evitable
siempre, también en tiempos de crisis. Este es el objetivo de nuestro trabajo
en cada uno de los ámbitos territoriales de Cáritas, donde, en el seno mismo de
la Iglesia y de las comunidades cristianas, trabajamos cada día por la
justicia.
Como recuerda el Papa Francisco, “la
deuda social exige la realización de la justicia social. Juntas, nos interpelan
a todos los actores sociales, en particular al Estado, a la dirigencia
política, al capital financiero, los empresarios, agropecuarios o industriales,
sindicatos, las Iglesias y demás organizaciones sociales”.
Denunciamos, por ello, la adopción de
decisiones políticas, legislativas y económicas que están generando ya, ahora
mismo, el sufrimiento de las personas afectadas, tal como pone de manifiesto la
realidad cotidiana de nuestra acción y los informes que hemos elaborado y
presentado públicamente. Esta falta de horizontes y perspectivas podría tener
unas consecuencias muy negativas para el futuro de la sociedad española,
incluso a corto plazo.
Las personas empobrecidas no son
responsables de una crisis económica que las castiga con tanta intensidad. No
queremos resignarnos a un modelo de vida caracterizado por la precariedad y un
retroceso en el reconocimiento y disfrute de los derechos humanos. Tampoco
aceptamos un proceso de fractura social legitimado por una desigualdad
creciente.
En el último año hemos asistido a un
importante número de reformas legislativas que, lejos de avanzar en la solución
a la crisis, han supuesto una pérdida de derechos sociales inherentes a la
dignidad de la persona. Algunos ejemplos de ese retroceso afectan a la
vivienda, sosteniéndola como un bien de inversión antes que como un derecho; a
la salud, transformándola en una mera contraprestación y excluyendo a los
migrantes en situación irregular; al acceso a la justicia, imponiendo tasas
judiciales; o al trabajo, con medidas que no estimulan la contratación y sí, en
cambio, perjudican el empleo, como muestran los datos de la última Encuesta de
Población Activa.
Las reformas legislativas pendientes de
aprobación agravan aún más este panorama. Un ejemplo claro es la anunciada
reforma de la Administración local, que, bajo los criterios de racionalización
y sostenibilidad, supondrá alejar de las personas servicios tan esenciales como
la salud, la educación o los servicios sociales. De producirse, estaríamos
asistiendo a una involución social y a la adopción de modelos de intervención
basados en la emergencia y en el asistencialismo, que ya hemos conocido en
otras épocas y que fracasaron.
Otros ejemplos similares son las
reformas relacionadas con el sistema de justicia, en especial, las que afectan
al Código Penal y al Código Procesal Penal, que, de mantener su redacción
actual, daría lugar a situaciones injustas, como, por ejemplo, la sanción a
quienes acojan a personas inmigradas en situación irregular, y la de la
justicia gratuita, que supondría dejar fuera del sistema de protección a una parte
importante de la población.
Junto a ello, la prioridad económica
que se marca en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 añade un motivo
más de preocupación, al consagrar la reducción del gasto para garantizar,
supuestamente, el principio de estabilidad, pero sin que se aborden con igual
intensidad la aplicación de unas adecuadas políticas fiscales redistributivas,
la lucha contra la evasión fiscal o la tasa para las transacciones financieras.
De igual forma, mostramos nuestra honda
preocupación ante el drástico recorte de la Ayuda Oficinal al Desarrollo (AOD)
en España, que pone en peligro el sistema de cooperación internacional y nos
aleja del objetivo de lograr un cambio cualitativo global y de mejorar la
atención a las personas y sus derechos, ya vivan en nuestro país o en regiones
empobrecidas.
Este conjunto de decisiones tienen un
importante impacto en la garantía de los derechos, las políticas sociales y la
lucha contra la pobreza y la exclusión. Y lo que debería entenderse como una
inversión social y el estímulo de una política de prevención por parte del
Estado, garante de derechos, se reduce drásticamente y pone en riesgo la
cohesión social al permitir que el escándalo que supone la brecha cada día
mayor entre las capas más ricas y las más pobres de nuestra sociedad siga
creciendo.
“Nos acostumbramos a levantarnos cada
día –ha dicho Francisco-- como si no pudiera ser de otra manera, nos
acostumbramos a la violencia como algo infaltable en las noticias, nos
acostumbramos al paisaje natural de la pobreza y de la miseria caminando por
las calles de nuestra ciudad”.
Nosotros, desde la unidad y la realidad
compartida cada día en Cáritas con los últimos y no atendidos que llaman a
nuestras puertas, queremos decir que no nos acostumbramos a la violencia de la
pobreza, de la desigualdad y de la injusticia. Es más, llamamos a la
responsabilidad personal y comunitaria para asumir un papel cada vez más activo
y participativo en los procesos de transformación social, desde un estilo de
vida basado en la austeridad y la sencillez evangélicas, como inspiración de
una sociedad más acogedora, fraterna y accesible.
Desde esta convicción, los
participantes en esta 70ª Asamblea de Cáritas trasladamos a todos un mensaje de
esperanza y una propuesta renovada de compromiso, de trabajo y de consenso
social para construir un modelo generador de oportunidades y garante del pleno
acceso a los derechos de los más vulnerables, que sitúe a las personas
empobrecidas en el centro de la toma de decisiones y que asuma como principios
éticos de gobierno la dignidad de la persona y la búsqueda del bien común por
encima del beneficio económico y el provecho de unos pocos.
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