domingo, febrero 13, 2011

Nuestra opinión en papel



PARADOS ABANDONADOS A SU SUERTE

   En este mes de febrero miles y miles de parados van a dejar de percibir la ayuda de 426 euros, únicos ingresos que perciben muchas de estas familias.

    La pretendida política social del gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido sacrificada definitivamente en el altar del dios mercado. El pasado 3 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó la supresión de la ayuda de 426 euros a los parados.


    La reacción de los sindicatos, pero también de las ONG sociales, ha sido contundente, aunque eclipsada por la huelga salvaje de los controladores y las no menos excepcionales medidas adoptadas por el gobierno socialista. Para CC.OO. las nuevas medidas económicas y sociales merecieron su “más absoluto rechazo” e hizo notar la contradicción con lo que el ministro de Trabajo había expresado días antes. UGT directamente las tildaba de “ golpe a las políticas sociales y un regalo a las empresas”.


    El sindicato USO criticó las decisiones del gobierno por considerarlas “una vez más improvisadas, injustas, insolidarias e ineficaces” e insistía en que no se trata de otra cosa que de “intentar dar tranquilidad a los mercados”. La CGT, por su parte denunciaba que la deriva del ejecutivo tiene como fin “pagar la deuda contraída por haber dado previamente el dinero a los bancos. En definitiva, quitar dinero a los pobres para dárselos a los ricos”.


    La plataforma de ONG de Acción social (POAS), la Plataforma de Voluntariado de España (PVE) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado español (EAPN-ES) consideraron “un paso atrás del Gobierno”, la retirada de la ayuda de las personas desempleadas, más en un momento de crisis y especial vulnerabilidad para las personas en situación de pobreza y exclusión social. La gravedad de la medida adoptada por el Gobierno, creo que no ha sido suficientemente valorad y tenida en cuenta; ya que esta decisión va a situar a miles de familias, mas de dos millones a finales de año según fuentes sindicales, en la más absoluta desprotección.

    Supone añadir un drama más a las familias más precarias y desprotegidas de nuestro país. Entre 2008 y 2009 se han ejecutado 300 000 embargos de viviendas por impago, la cuarta parte de las niñas y los niños españoles vive en el umbral de la pobreza y la tasa de paro juvenil alcanza el 48%.


    Ante este drama que están viviendo miles de familias españolas, se entiende el lamento, la rabia, la impotencia y la desesperación de un parado de Canarias en un programa de radio, en el que dice que le van a quitar los 426€, “yo no tengo nada para vivir”, “que tengo que ir a rebuscar en la basura para comer”, “ yo lo que quiero es trabajo”, “no tengo nada, ¿de qué vivo, de qué ?”. Estas reflexiones dramáticas, desgarradoras, no son hechos aislados, anecdóticos; están muy presentes en nuestros pueblos y barrios, forman parte del ambiente cotidiano en el que la mayoría nos movemos, pues según fuentes del Banco de España el 40% de los 4,6 millones de parados de nuestro país reside en hogares en los que ningún miembro está trabajando.


    El Programa Temporal de Protección e Inserción Profesional (PRODI) ha supuesto un gasto de unos 2 300 millones, a cambio de representar un colchón económico, más bien exiguo, para una ciudadanía que soporta el 20,7% de tasa de paro, una disminución de la renta disponible causada por el encarecimiento de los precios y una reducción de los salarios netos. Como contraste conviene recordar que las ayudas al sistema financiero han alcanzado los 300 000 millones de euros. Ante estos datos, cómo el Gobierno puede seguir sosteniendo sin que se le caiga la cara de vergüenza que en su acción de gobierno lo que prima es avanzar en la cohesión social y que sus políticas van encaminadas a favorecer la integración social. ¿Por qué no tiene la valentía de admitir que sus políticas van encaminadas a satisfacer los interés de los mercados?. Para el Gobierno, hacer los “deberes” como suele decir la ministra de Economía Elena Salgado es dar una vuelta de tuerca más a la magra economía de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de esta España nuestra.


    Como dice Víctor Renes responsable de Estudios de Cáritas, al permitir la formación de un grupo social totalmente desasistido y sin perspectivas “ se están poniendo las bases de una grave fractura social, de un gran destrozo social”. Para Renes, “la situación ya era alarmante”, como demuestran las cifras de la organización, que en el último año ha duplicado el número de personas atendidas hasta llegar a las 800 000. “La avalancha de gente necesitada ya se produjo el año pasado, y esta decisión va a agravar aún más una situación que era inasumible”.”Las organizaciones sociales no pueden llegar a todo, no pueden ser el sustituto del Estado; la Administración Pública tiene por ley el deber de atender en estos casos”.


    Si de verdad a nuestros gobernantes les preocupa la suerte que todas estas personas van a correr, es urgente cambiar radicalmente de política económica. Es urgente una nueva concertación social en la que participen todos los agentes sociales, partidos, sindicatos, empresarios y Gobierno. De lo contrario la fractura social y el daño para muchas personas, por desgracia será irreversible.


    
Gonzalo Ruiz Ruiz 
Publicado en el FARO de Motril el 7-2-2011


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